Algunas anotaciones sobre la Ley de Medios

 

Grupo Clarín, fragmentado

 

     Como era de esperarse, y tras un idílico debate (que no fue otra cosa que una suma de voces paralelas que nunca se tocaron), fue aprobada la Ley de Radiodifusión impulsada por el actual Gobierno, que viene a reivindicar un derecho de democratización de los medios que se había perdido en la dictadura. Perdonen que haya puesto en cursiva la aclaración, en principio porque (si bien no está citada) la armé con las pocas palabras que me quedaron de las transmisiones de Canal 7, artífice fundamental de propaganda política para esta ley. Segundo, porque la contundencia de la frase tiene algo de irónico, diría que un saborcito a la discursería política a que nos tiene acostumbrados Kirchner y señora.

      Sin adelantarme, relato algunos hechos. La ley que hasta hace cuatro días estaba vigente era la Ley de Radiodifusión 22.285 (y las demás leyes modificatorias de aquélla, unas 160 en la era democrática), promulgada en épocas de Jorge Rafael Videla, el 15 de septiembre de 1980. La ley tenía como objetivo reglamentar la actividad separándola de lo que, hasta ese momento, regía en materia radiodifusora en la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, del año 1972 (que dio nacimiento al Comité Federal de Radiodifusión, COMFER). Se quitó el apartado sobre radiodifusión y se le asignó un marco específico que nació con la 22.285, con el que trató de abarcar las radiocomunicaciones que destinaban sus emisiones sonoras, tanto de televisión como de otro género, a la recepción directa del público en general, al igual que los servicios complementarios a ellas.

     Cabe aclarar que los principios fundamentales de esa ley (el respeto por la libertad, la dignidad, la solidaridad social, los tan golpeados derechos humanos, el enriquecimiento cultural, etc., casi todos incluidos con el decreto 1005/99), comparados con las sucesivas gestiones democráticas, en ningún momento sonaron creíbles. La letra chica demostró ser, desde aquel proceso militar que dio vida a la ley, mucho más aplicable que cualquiera de esos valores, y en gran medida contribuyó a callar ciertas voces con excusa en las incongruencias entre preceptos constitucionales y artículos de aquella ley.

     La autoridad de aplicación, el COMFER, tuvo siempre gran responsabilidad por el funcionamiento irregular de muchas licencias de medios de tele-radiodifusión. En 2006, por ejemplo, ARPA (Asociación de Radiodifusoras Argentinas) denunció la irregularidad de unas 4000 estaciones de Frecuencia Modulada, un numerito difícil de explicar. Ni hablar del otorgamiento de licencias como si fueran meros bienes de cambio, por lo general a grupos que en la década del ´90 declinaron ante los beneficios del manejo de medios. 

     Por esa suerte de paraíso neoliberal que se creó durante el proceso menemista, se emitieron algunos decretos modificatorios que posibilitaron “la creación de los multimedios y la privatización de los canales”, entre ésos el decreto 1005/99, que aumentaba las licencias (para distintas localizaciones) de 4 a 24 para una misma persona física o jurídica, alegando que lo establecido por el artículo 43 de la ley 22.285 “era congruente con un mercado comunicacional poco desarrollado”. En otros decretos (todos ellos de necesidad y urgencia) también se incluyeron algunas modificaciones sobre las pautas publicitarias que le dejaron picando la pelota a los grandes grupos empresariales, así como la posibilidad de que algunos dueños de empresas periodísticas pudieran irrumpir en los mercados de medios electrónicos, dando pie a la aparición de multimedios como el Grupo Clarín.

     Lo cierto es que aquella ley y sus modificatorias ya eran obsoletas, principalmente porque no contemplaban ni se adaptaban a la intensa evolución tecnológica de los últimos casi 30 años. Habían propulsado el ascenso de empresas con múltiples licencias durante un extenso período, muchas de las cuales fueron afines a los distintos gobiernos. Sin embargo (siempre hay un sin embargo), el nuevo desafío, es decir, la nueva Ley de Radiodifusión votada y aprobada el viernes en el Senado, hizo eco de la dura lucha entre Néstor Kirchner y el Grupo Clarín, lo cual no es ninguna novedad. 

     La mal llamada democratización de los medios ha sido un intento oficialista de fundamentar un capricho. Aclaro: no es cualquier capricho. El grupo empresario cuenta con una capacidad infalible de revertir una porción importante de la opinión pública, y para el Gobierno eso significaba la amenaza de reafirmar el resultado electoral negativo del 28 de junio. No debería asombrarnos la adjetivación sobrevaluada que tuvo el tratamiento de esta norma, desde ambos lados. Las campañas propagandísticas del Gobierno y del multimedio expusieron por sí mismas las diferencias entre ellos (que hasta la nona de un usuario de Infobae había percatado). 

     Por parte del oficialismo, puede afirmarse una victoria (o una victoria a medias, según la opinión de Nelson Castro). Pese a que la oposición puso en evidencia su tibieza a la hora de negociar las últimas leyes post-electorales, lo cierto que es que la caja del Estado sigue funcionando perfectamente para la compra de favores. Tal el caso de la senadora correntina María Dora Sánchez, un ejemplo de borocotización al instante.

     La nueva ley (que, a mi gusto, sólo democratiza los medios desde el plano teórico) supone atacar de lleno la conformación de los multimedios, imponiendo límites a la cantidad de licencias que puede tener una misma persona física o jurídica (art. 45). Además, impide a los propietarios de canales de aire poseer cables que distribuyan señales en la misma zona geográfica en la que operan. Respecto del triple-play (el servicio de TV-Internet-teléfono) la norma restringe el acceso de Clarín y de otros grupos fuertemente, obligándolos a elegir entre alternativas que le prohíben el acceso a otras.     

     En cuanto a la autoridad de aplicación, el artículo 10 señala la creación de un “organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”, sustituyendo al COMFER, intervenido a ojito por el Ejecutivo desde hace décadas. Sobre las características de esa autoridad de aplicación hubo serias dudas y aún las hay, ni siquiera después de modificarse el número de 5 integrantes por el de 7, a pedido de la oposición. No se puede saber hasta qué punto tendrá injerencia el Poder Ejecutivo en las decisiones de los integrantes que conforman el organismo, en especial de los dos que serán recomendados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, asesor de las políticas públicas en materia de radiodifusión y cuyos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo, vaya coincidencia. 

     La autoridad tiene que hacer evaluaciones técnicas de las licencias (ver si conviene actualizar la ley o no) de forma bianual (debería decir “bienal”, cada dos años), pero las licencias se otorgan cada 10 años, más una posibilidad de renovación de otros 10 (siguiendo más o menos con la misma política desde 1980). 

     Por último, el pseudo-debate en la Cámara de Senadores (y en las comisiones que trataron la norma días antes) también se centró en el período otorgado a los titulares de licencias que no cumplan con los requisitos de la norma, dándoles sólo un año “desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición”. De acuerdo con un cronograma de gobierno, los desmembramientos efectivos, por ejemplo, los del Grupo Clarín para cumplir con tales requisitos, serían a partir de 2012. Para Jorge Fontevecchia, director de Diario Perfil, eso puede tomarse como una arista que Kirchner dejó visible para una futura negociación con Clarín en épocas de elección presidencial, un año antes de esa efectivización. Vuelvo a repetir: el tiempo dirá.

     Es que en definitiva, es así. Si algo es cierto en todo esto, es que la ley, independientemente de algunos puntos polémicos, refleja en el papel algo que la realidad misma no puede sustentar. Ya son conocidos los excesos de poder del matrimonio presidencial (muchos relacionados a los medios), cuestión más que importante para desconfiar de la nueva norma, al igual que el motivo de la norma. El oportunismo de lanzar a debate una ley que en varios puntos parece ser un par de pantalones que le calzan justo al Grupo Clarín es, desde mi punto de vista, demasiado oportuno y simultáneo a la pelea entre ambos. No se puede dejar de pensar en los seis años anteriores, signados por la relación de conveniencia entre el Grupo Clarín y el Gobierno nacional, siendo Kirchner el que aprobó la fusión entre Cablevisión y Multicanal y que, en el ámbito de la comunicación audiovisual, extendió las licencias vigentes por diez años más, en 2005. 

     Muchas más cosas nos puede mostrar el futuro. Varios dirigentes de la oposición estarían felices con una bola mágica, y aunque no la tengan, están decididos sobre lo que va a ser ese futuro. “No sé de qué se trata, pero me opongo”, dijo Lilita Carrió antes de tratarse la iniciativa en el Congreso. 

     A horas de proclamarse el Senado a favor de la ley, dicen las malas lenguas que se lo oyó a Néstor Kirchner silbando “Por una cabeza”, suponiendo que hacía una tímida alusión al Grupo Clarín.

 

 

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